Resumen: La demandante fue despedida disciplinariamente. En la demanda se impugna ese despido solicitan su declaración de nulidad, por vulneración del derecho de libertad sindical, y, subsidiariamente, de improcedencia. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda declarando el despido procedente. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye que los hechos en que se basa el despido son ciertos y que la decisión extintiva es totalmente ajena a la actividad sindical de la demandante, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala rechaza en primer lugar, la alegación de prescripción del derecho de la Administración a liquidad, para lo cual entiende que deben tomarse en consideración la suspensión de plazos administrativos, que incluye los de prescripción, como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de forma que desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 esos plazos de prescripción quedaron suspendidos, reanudándose su cómputo a partir del 1 de junio de 2020. Y a continuación analiza cada uno de los gastos que se pretende desgravar el recurrente llegando a la conclusión de que los gastos APLIFISA correspondientes a programas informáticos sobre contabilidad, fiscal y laboral, están vinculados a las actividades profesionales desempeñadas por el demandante (financieras, jurídicas y de seguros) siendo necesarias para generar ingresos. En cuanto a la póliza de seguros con Sanitas, el demandante alega que ignora si se han incluido estos gastos como deducibles, lo que lleva a la desestimación de la pretensión ya que no es misión de la Sala, esclarecer dichas dudas sino revisar la decisión administrativa en uno u otro sentido. Finalmente, en cuanto a las facturas de correos, papelería, servicios bancarios y Lefebvre, no ha quedado acreditada la correlación necesaria con la actividad del demandante.
